Críticas de la Ocde reflotan proyecto de bonos de descontaminación

La recomendación de "mejorar los mecanismos de creación de mercados" para el control de la contaminación que hace una semana hizo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (Ocde) a Chile, gatilló la reacción del gobierno, empresariado, el lavinismo y asesores ambientales. Todos piden descongelar un proyecto de ley "dormido" en el Congreso que permitiría comenzar a afrontar las deficiencias en la política medioambiental que detectó el organismo internacional. Se trata de reactivar una iniciativa presentada por el Ejecutivo en 2003, que establece un sistema de transacción de bonos de descontaminación, dispositivo avalado por el Protocolo de Kioto. La lógica del sistema es simple: si una empresa de Santiago tiene un permiso para contaminar hasta 10 toneladas e incorporó tecnologías que le permiten emitir sólo seis toneladas, puede venderle a otra firma de la ciudad un bono por esas cuatro toneladas excedentes. Esto permite, según el texto, descontaminar en un lugar para poder hacerlo en otro, con lo que no se aumenta el nivel general de polución, se reducen costos y se hace más viable cumplir las metas nacionales de reducción de la contaminación. Así opinan Cristián Larroulet, asesor económico de Joaquín Lavín y director del Instituto Libertad y Desarrollo; Gianni López, ex director de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama), Jaime Dinamarca, gerente de medioambiente de la Sofofa, y altas fuentes de la Conama. El ministro secretario general de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, sin embargo, dijo que esta iniciativa "no está en agenda" y deberá ser abordada por el próximo gobierno. Los consultados coinciden en que adoptar algún mecanismo de mercado en este tema es urgente, porque en mayo de 2007, según el plan de descontaminación de Santiago, los permisos de emisión se reducirán a la mitad, y hacer eso sin un sistema de transacción de emisiones será muy costoso para las empresas, sobre todo ahora que el combustible más barato -el gas natural- es escaso. "No agilizar este proyecto de ley es asumir que los industriales no cumplirán las metas de reducción de contaminación y si se les exige cumplir tendrán costos muy altos que traspasarán a clientes", dijo López. Dinamarca defiende la iniciativa con datos del Sesma: en 1992 se registraron 1.200 fuentes fijas contaminantes que emitían 8.200 toneladas de polución, mientras que en 2004 hubo 6.300 emisores que produjeron menos de 1.000 toneladas. Cuando el proyecto ingresó a la Cámara de Diputados encontró resistencia en grupos ecologístas y el PS-PPD, por lo que el Ejecutivo se desistió de propulsar la iniciativa. LaTercera / Negocios Mariano Cubillos Fecha edición: 16-05-2005
     
   
 

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